La polémica del miércoles llegó cuando alrededor de 550 socios de la Cooperativa La Cruz Azul se reunieron a las afueras de las oficinas corporativas de la misma, en Gran Sur, y celebraron su asamblea extraordinaria, cancelada un día antes por los disidentes (y hoy encargados de la cementera).
Los Consejos de Administración y Vigilancia, liderados por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, intentaron impedir el ingreso al edificio de La Cruz Azul y también que se oficiara la asamblea, pero no pudieron, y los socios incluso terminaron votando por nuevos presidentes para ambos consejos.
Sin embargo, la elección de esos presidentes fue anulada y no será legalizada por notario alguno en el Registro Público de la Propiedad, luego que el juez 60 en lo civil de la CDMX, José Manuel Salazar Uribe,emitiera un mandato a los corredores públicos que dijeron presente en la asamblea de no legalizar las decisiones.
¿Por qué? Principalmente porque, a pesar de tener a la mayoría de los socios con ellos y votando, la asamblea no fue celebrada de forma legal y como exigen los estatutos de las cooperativas en México, y sobre todo porque no la convocó Cruz Azul, oficialmente, ante las autoridades.
Todo lo que se votó y decidió en la asamblea de socios de la cooperativa en la calle está anulado y ni Alberto López ni Federico Sarabia son directivos reales de la cementera a partir de ayer. Lamentable.
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