El caso judicial en que está envuelto el presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, ha ido sumando nuevos antecedentes con el correr de los días y cada vez se agudizan más las acusaciones que ha recibido: ya no es solo lavado de dinero y delincuencia organizada, sino que se le denuncia haber malversado más de mil 200 millones de pesos y de emitir facturas con firmas falsificadas.
Sin embargo, en la Cooperativa La Cruz Azul no están agradados con esta serie de acusaciones, por lo que, en todos los diarios de circulación nacional, publicaron una carta abierta a nombre de la cementera en la que desmienten las “acciones de difamación” y, además, disparan contra los socios disidentes por cometer “daño moral y perjuicio” contra su imagen.
Carta abierta de la Cooperativa. (Foto: Captura)
“Cooperativa La Cruz Azul SCL expresa su total rechazo a las acciones de difamación, daño moral y perjuicio, en contra de la imagen y estabilidad económica de la Cooperativa, que nuevamente un pequeño grupo de socios suspendidos de sus labores, encabezados por José Antonio Marín, Víctor Manuel Velázquez y Juan Briseño, han encabezado a través de la manipulación de información sustraída ilegalmente de la empresa y utilizada ante diversas autoridades y medios de comunicación de manera abiertamente distorsionada, difamando y alterando la paz social de la empresa y generando de manera adicional una opinión pública y mediática adversa”, comienza la carta.
Además, según su versión de los hechos,“las acusaciones no son más que versiones distorsionadas de toda realidad y forman nuevamente parte de una estrategia jurídica sustentada en la ambición de quienes dicen defender los intereses cooperativistas, intereses que se vieron desde la semana pasada fuertemente agredidos poniendo en un alto grado de inestabilidad el patrimonio de los más de 760 socios activos, de los más de 10 mil quinientos empleos directos e indirectos”.
La Cooperativa agrega que están totalmente dispuestos a colaborar con las autoridades si así lo requieren. “Asimismo, agradecemos la intervención de las autoridades y las expresiones de la Unidad de Inteligencia -Financiera, así como de la Secretaría de Hacienda y en ambos casos de sus titulares, ya que a través de su trabajo se podrán deslindar todas y cada una de las responsabilidades e imputaciones sin sustento que se han externado de forma mediática, ya que es sólo la autoridad la que tiene la facultad única de determinar la culpabilidad o no de los diversos actos que se imputan con base en los derechos de ley”, sentencian.
